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HECHOS JURIDICOS Y ACTOS JURIDICOS.
Las relaciones que establece el hombre en sociedad, hechos en general y hechos jurídicos. Clasificación.

1. LAS RELACIONES QUE ESTABLECE EL HOMBRE EN SOCIEDAD. –

El hombre establece relaciones con los miembros de la sociedad en que actúa y con la propia naturaleza del medio en que se mueve. Las relaciones sociales están organizadas y reguladas por el Derecho. Consiguientemente, dentro de sus relaciones sociales, el hombre puede generar, modificar o extinguir derechos y sus obligaciones. Por lo tanto, la actitud humana es una fuente jurìgena.

Esa doble naturaleza de las relaciones del hombre con la naturaleza y con la sociedad, determina también la naturaleza de los hechos jurídicos. Hay algunos que producen afectos jurídicos, consecuencias jurídicas y otros que no. Los primeros se denominan hechos o actos jurídicos, y los segundos son hechos ajurídicos que no tienen trascendencia en el campo del derecho.


2. HECHOS EN GENERAL Y HECHOS JURIDICOS.-

Todos los hechos que ocurren en la vida diaria le interesan al hombre, sea el nacimiento de una persona o el simple paso del tiempo. Pero le interesan de diferentes puntos de vista. Cuando los aprecia con relación a un sistema de normas determinadas que forman el derecho, el hecho es subsumido dentro de la categoría de lo jurídico. Veamos a fondo estos conceptos.


2.1. HECHOS EN GENERAL.-

Partiremos el análisis dando un concepto lato al respecto, los hechos son toda alteración real de mundo exterior del hombre. No puede operarse la transformación ni en el mundo interior ni en el sólo pensamiento, por lo tanto un sentimiento o un pensamiento no tienen la categoría de hecho. Esa transformación de la realidad objetiva, externa al individuo puede o no tener consecuencias jurídicas. Es decir, puede o no hacer nacer, trasformar o extinguir efectos que le importan al Derecho. Si el hecho no produce efectos jurídicos estamos frente a los hechos denominados ajurídicos. Los cuales podemos dividirlos en:


• Hechos producidos por la naturaleza, que no alteren al derecho, son aquellos en que intervienen la voluntad humana y se producen espontáneamente en la naturaleza (Ej: la marcha de los astros, la caída de las cosas por la gravedad, la circulación de la sangre, el oleaje del mar, etc.).

• Hechos dependientes de la voluntad humana, aquellos en que interviene la voluntad del sujeto de derecho pero que tampoco tienen un sentido jurídico (Ej: una sonrisa, un saludo, un gesto, un rezo, un paseo, una visita de cortesía, etc.).
Sin embrago, hondamente apreciadas las cosas, todo hecho es susceptible de suscitar consecuencia jurídica, con lo que quedaría desvanecido el criterio de distinción entre el hecho jurídico y el nulo jurídico. Por ejemplo, algunos hechos que alguna vez pudieron ser calificado como no jurídicos, después han podido ser estimados como tales (Ej: la prescripción extintiva de acción). Aquel criterio sòlo puede mantenerse firmemente, apreciando que es jurídico el hecho que tiene directamente la capacidad de producir efectos de derecho.


2.2. EL HECHO JURIDICO.-

Son aquellos sucesos exteriores que acarrean alguna consecuencia jurídica, es decir, son capaces de hacer nacer, trasmitir, conservar, asegurar, modificar o extinguir relaciones jurídicas cuyos acontecimientos son reconocidos como importantes por la ley y son determinantes para la producción de un efecto jurídico. Por ello sería más apropiado denominarlo hecho jurigeno.

Hay hechos a los que se reconoce que sean jurídicos (Ej: el nacimiento, la muerte de una persona, un contrato, el matrimonio, el testamento, un delito o cuasi delito).otros hechos que independientemente de la voluntad del hombre, aunque sean originadas por la naturaleza y, bajo ciertas circunstancias especiales, pueden asumir tal calificación, pues las relaciones jurídicas que originan están reconocidas por el Derecho Objetivo, mediante norma jurídicas que rigen las relaciones entre los hombres. (Ej: una helada, una inundación, el desborde o cambio de cauce del río, etc.).

Un hecho dependiente de la voluntad humana que es general intrascendente para el mundo del Derecho, en ciertas circunstancias puede asumir relevancia dentro del mismo. Así un ademán, que corrientemente es indiferente en esta materia, puede resultar una manifestación que determina una manifestación de voluntad, cuando responde a una determinada indicación previa; trátese entonces de un caso de “expresión positiva” de la voluntad (Art. 141, CC. 1984).


3. Clasificación de los hechos jurídicos.

En la producción de todo hecho jurídico pueden concurrir motivaciones tanto debidas a un factor causal como a uno voluntario. La distinción reposa en unos casos al simple hecho independiente de la voluntad humana al que se le considera decisivo para acarrear el efecto jurídico, mientras en otros cosas al hecho dependiente de esa voluntad donde se le considera como el determinante.

Así podemos formular un cuadro general de clasificación del hecho jurídico en la siguiente forma:


HECHO JURIDICO


1.- Hecho jurídico involuntario. Es aquel que produce efectos jurídicos sin que intervenga la voluntad del sujeto. Ej: el transcurso del tiempo(Arts. 950 y 1989 CC), el nacimiento (Arts. 1 y 2 CC), la muerte (Art. 660 CC ), la co-propiedad (Art. 969 CC), la mayoría de edad (Art. 42 CC), el nombre (Art. 19 CC), etc.


2.- Hecho jurídico voluntario. Es cuando su producción depende de la voluntad humana. Se trata de una alteración de la realidad que tiene por objeto crear efectos jurídicos. Debemos distinguir dos subclases:


• Hecho Jurídico Voluntario Ilícito (delitos, cuasi delitos). Son aquellos hechos cometidos en contra del ordenamiento legal aunque un hecho lícito puede también suscitar una consecuencia anormal opuesta a la naturaleza del acto que sería calificable como “ ilícito civil ”. Ej: el caso del contrato que se viola, del matrimonio a cuyos deberes se falta. Es por ello que da origen a la obligación de reparar el daño causado, como consecuencia jurídica impuesta por la ley (responsabilidad civil extracontractual que son tratados en el Art. 1969 y s.s., CC 1984).

• Hecho jurídico voluntario lícito: son aquellos que deliberadamente están dirigidos a producir un efecto jurídico establecido por la ley. Sin embargo loes efectos jurídicos pueden no ser queridos por el agente.

o Hecho jurídico voluntario licito sin declaración de voluntad: son aquellos en los que intervienen la voluntad humana pero esta no se pone de manifiesta expresamente sino que se infiere de sus actos o su efecto es no querido por el agente. Ejemplo: el hallazgo de un tesoro, la invención, la ocupación, la accesión, la constitución y el cambio de domicilio (por el simple hecho de residencia), la edificación, la plantación, la posesión bajo ciertas condiciones etc. El autor del hecho quiere éste, desde que lo practica (se trata de un hecho voluntario y, por tanto, se quiere el respectivo efecto sobreviniente).

o Hecho jurídico voluntario licito con declaración de voluntad (actos jurídicos). Es el acontecimiento o cambio en el mundo exterior que tiene efectos jurídicos, bebiendo a la voluntad humana, al amparo de una norma jurídica.


Como podemos apreciar, el acto jurídico es ante el hecho jurídico como la especie frente al género. En efecto, el acto jurídico es la última clase constituida por los hechos jurídicos, a los menos dentro de la sistemática y técnica del código civil peruano.

TEORIA DEL ACTO JURIDICO Y SU CONFIGURACION CIVIL EN EL PERU
Génesis y Evolución de la Teoría del Acto Jurídico. Diferencias entre Acto Jurídico y Negocio Jurídico. Evolución Histórica en la codificación civil peruana. Análisis del Acto Jurídico en el código civil de 1894.


1. GENESIS Y EVOLUCION DE LA TEORIA DEL ACTO JURIDICO.-

La teoría del acto jurídico no fue concebida bajo formulación teórica uniforme en el Derecho Romano limitándose a considerar algunas circunstancias o casos concretos para determinar aquellas situaciones que merecían ser protegidas y reconocer al sujeto de derecho la facultad de entablar sus relaciones jurídicas. Por ejemplo la figura del pater familia otorgaba al titular facultades especiales sobre los miembros de su familia entablándose así determinadas relaciones jurídicas; la realización de una transferencia de propiedad o dominio sobre las cosas creaba una relación jurídica obligacional que conminaba a las partes al cumplimiento de una determinada prestación, etc. Tal concepción se mantuvo hasta la edad moderna.

Sin embargo, no es sino hasta la edad contemporánea en que, basándose en la obra de los glosadores y post-glosadores, y posterior a la Revolución Francesa de 1789 y la consecuente emisión de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano, que los precursores redactores franceses del Código Napoleónico de 1804 establecieron el concepto “convención” para englobar la enorme gama de relaciones jurídicas que pueden derivar de la voluntad privada. Sin embargo, esta figura jurídica no era suficiente para cubrir uniformemente todas las relaciones jurídicas producidas por la voluntad privada y buscaron un concepto de mayor amplitud, que subsumiera a la “convención”, y así nació la teoría del acto jurídico, constituyendo como institución de Derecho Privado y particularmente dentro del Derecho Civil al ser acogido por la codificación.

Por su parte, los juristas alemanes del siglo XIX hicieron la misma búsqueda hurgando en las fuentes romanistas, prescindiendo de las obras de los glosadores y post-glosadores, concluyendo que la convención no era concepto suficiente para cubrir toda la gama de relaciones jurídicas generadas por la voluntad privada ubicando un concepto que abarca las convenciones –que por definición son bilaterales- y las relaciones jurídicas nacidas de la voluntad unilateral, dando origen a la Teoría del Negocio Jurídico como una manifestación encaminada a un fin practico que pueda recibir la tutela del ordenamiento jurídico, plasmando su tesis en el Código Alemán de 1900.

2. DIFERENCIA ENTRE ACTO JURÌDICO Y NEGOCIO JURÌDICO.-


a) Acto jurídico: la teoría del acto jurídico aparece en el siglo XIX y es un concepto elaborado por la doctrina francesa posterior a la promulgación del código civil de 1804, y que consiste en toda manifestación exterior de la voluntad con la finalidad de producir efectos jurídicos (crear, modificar o extinguir derechos).

b) Negocio Jurídico: es un concepto de la doctrina alemana a partir del código de 1900, seguido por la doctrina italiana y española, en la cual el acto jurídico abarca todo hecho jurídico voluntario realizado con o sin declaración de la voluntad, el mismo que se divide en :

• Declaración de la voluntad, siempre que este dirigida a un efecto jurídico determinado. De ella se deriva el negocio jurídico que es una especie de voluntad da lugar a la producción de determinados efectos jurídicos en cuanto a crean, modifican o extinguen derechos que generan obligaciones.

• Actos conformes a derecho, son hechos voluntarios conscientes del cual nacen efectos jurídicos, sus efectos (resultado) es determinado por la ley.

• Actos contrarios al derecho: donde por su ilicitud los efectos también los determinan la ley.

Al respecto, Vidal Ramírez manifiesta que la Teoría del Acto Jurídico busca explicar el rol de la voluntad privada como generador de relaciones jurídicas y supone desentrañar la finalidad misma del acto, pues su esencia radica en la manifestación de una voluntad jurídicamente eficiente, establecer los requisitos para su validez y, en general comprende todas aquellas materias vinculadas para constituir al cato jurídico. Pero, atendiendo a la acogida que los autores contemporáneos brindan a la conceptuación del negocio jurídico y la teoría del negocio jurídico haciéndolas parecer como paralelas y sin conjugarse.


3. Análisis del Acto Jurídico según el Código civil de 1984

El Código Civil Peruano de 1984, a diferencia del Código anterior, desarrolla la Teoría del Acto Jurídico en el Libro II cuyo sistema es la siguiente:

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES (Arts. 140º _ 142º CC).
TITULO II: FORMA DEL ACTO JURIDICO (Arts. 143º _ 144º CC).
TITULO III: REPRESENTACION (Arts. 145º _ 167º CC).
TITULO IV: INTERPRETACION DEL ACTO JURIDICO (Arts. 168º _ 170º).
TITULO V: MODALIDADES DEL ACTO JURIDICO (Arts. 171º _ 189º CC).
TITULO VI: SIMULACION DEL ACTO JURIDICO (Arts. 190º _ 194º CC).
TITULO VII: FRAUDE DEL ACTO JURIDICO (Arts. 195 _ 200º CC).
TITULO VIII: VICIOS DE LA VOLUNTAD (Arts 201º _ 218º CC).
TITULO IX: NULIDAD DEL ACTO JURIDICO (Arts. 219º _ 229º CC).
TITULO X: CONFIRMACION DEL ACTO JURIDICO (Arts. 230º _ 232º CC).

Indudablemente, citando a Aníbal Torres Vásquez, el libro Segundo es de vital importancia en el estudio y comprensión del derecho, toda ves que cuenta con normas generales que cumplen una función integradora, cuando en las materias especiales no hay normas que las contraigan. Constituyen, además, una guía para transitar fácilmente por el campo de los actos jurídicos particulares, contratos, testamentos, matrimonio, etc. evitando la repetición de elementos comunes a todos ello.


4. CONCEPTO DE ACTO JURIDICO (ART. 140º DEL C.C.). -

ARTÍCULO 140: El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez requiere:

1.- Agente capaz.
2.- Objeto física y jurídicamente posible.
3.- Fin licito.
4.- Observancia de la forma prescrita.

El CC de 1984 no acoge las disquisiciones sobre Acto Jurídico o Negocio Jurídico asumiéndolos como sinónimos y solo adopta el “nones juris” de Acto Jurídico para nuestra legislación, tomando como idea fundamental sobre la cual giran los conceptos de ambas teorías, sino que además lo definen precisando que “…. Es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Al respecto. Cuadros Villena manifestación que el criterio del código es subjetivista e impreciso al hacer recaer el concepto del acto jurídico en la manifestación de voluntad y no en el hecho que transforma la realidad y produce efectos jurídicos. El concepto del Art. 140 del CC de 1984 marca su distancia de la definición clásica del acto jurídico al referirse a relaciones jurídicas, y no a derechos, cuya fuente generadora es la manifestación de la voluntad de la cual derivan efectos jurídicos.



ACTO JURIDICO
MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD = RELACIONES JURIDICAS = EFECTOS JURIDICOS



5. La Voluntad Privada. –

El acto jurídico, es el hecho jurídico de carácter voluntades y licito, cuyo efecto es querido directamente por el agente existiendo una declaración de voluntad y su finalidad será crear, modificar, transferir, conservar o extinguir relaciones jurídicas. El factor causante del acto jurídico es la voluntad privada del agente que crea una situación de derecho. Es por ello que, por tratarse de un acto emanante de voluntad privada, el acto jurídico cae dentro del campo del derecho privado. Debe entenderse como voluntad privada a aquella conscientemente dirigida a producir un efecto jurídico (bechmann). Esta finalidad tendiente a crear el efecto jurídico es la única determinante o calificante del acto; el fin económico es subsidiario (Lenel), como también lo es la motivación psicológica que decidió a efectuarlo (Klesen). La autonomía de la voluntad hace nacer el acto jurídico. Tal facultad tiene un limite: el interés general; el decir, el respeto al orden publico y las buenas costumbres; y de aquí que el art. V del titulo Preliminar del CC 1984 advierte que todo pacto contrario a ellos es nulo. Asimismo, el acto jurídico creado por las partes solo significa una indicación general concerniente a la situación jurídica que se requiere crear, ordinariamente sin mayor especificación; por lo cual en lo no previsto operan las disposiciones suplementarias, es decir, las reglas legales supletorias. Es, así, como hay que entender que le acto jurídico es una declaración de voluntad privada, pero dependiente de las normas del derecho objetivo.

No puedo considerarse acto jurídico la situación jurídica creada por voluntad que no sea propiamente privada; y a tal virtud no lo es el acto del legislador ni el acto administrativo, por ejemplo la expropiación. Tampoco lo es el acto procesal, por su carácter de normacion de orden público; Ej: el caso de la adjudicación forzosa.

6. Los Efectos derivados del Acto Jurídico. –

Dentro de la categoría del acto jurídico no solo se comprende la relación que crea o extingue un derecho, sino también aquellas que además de transmitirlo y modificarlo, lo conserva, o, completa la protección prestada a una situación jurídica (por ejemplo, la constitución en mora). Los efectos de los actos jurídicos no repercuten en los derechos sino en las relaciones jurídicas. No se crean, regulan, modifican o extinguen derechos; se crean, regulan, modifican y extinguen relaciones jurídicas. Esta definición concuerda con la contenida en el Art. 1351 del CC respecto de los contratos. En ese sentido, Aníbal Torres Vásquez, respecto de los efectos derivados de los actos jurídicos, señala que estos consisten en:

a) Creación de relaciones jurídicas que antes no existían. Ej: con un contrato de compra venta se crea una relación jurídica entre vendedor y comprador.

b) Regulación de relaciones jurídicas el acto establece o determina un conjunto de derechos y deberes que las partes obtendrán en virtud de la relación jurídica existente entre ellas. Ej: se interpreta sentido y alcance de un acto presente o futuro; se pacta el deudor responderá por daños que no le son imputables.
c) Modificación de relaciones jurídicas. Con el acto se altera el contenido de una relación preexistente. Ej: con una disminución o aumento de la renta que venia pagando el arrendatario se modifica el contrato de arrendamiento.

d) Constatación de la existencia de relaciones jurídicas preexistentes. Ej: con el reconocimiento de deuda se constata una obligación preexistente.

e) Extinción de relaciones jurídicas. Ej: con la resolución se pone fin a un contrato preexistente.


ESTRUCTURA DEL ACTO JURIDICO Y REQUISITOS DE VALIDEZ.- Estructura del acto Jurídico: elementos Esenciales, Naturales y Accidentales.- Elementos esenciales: manifestación de Voluntad, Agente Capaz, Objeto Física y Jurídicamente Posible, Fin Licito y observancia de la forma prescrita por la ley.

1.- ESTRUCTURA DEL ACTO JURIDICO.-

El acto jurídico es un concepto amplio y genérico de la expresión de la voluntad que, como abstracción jurídica, y según criterio general de la doctrina jurídica, requiere una estructura compuesta de ciertos elementos que lo conforman. Sus elementos:

1.1 Elementos esenciales (essentialla negotii): son aquellos que le dan validez y edificación a los actos jurídicos y que necesariamente deben concurrir para que éste tenga alcance y existencia jurídica, sin que la propia autonomía de la voluntad puede eliminarlos o relativizarlos. No obstante, la doctrina distingue dos clases:

• Los elementos esenciales de carácter general: son aquellos componentes comunes a todo acto jurídico, a los que el código civil les denomina requisitos de validez. En ese sentido, la doctrina en general concuerda con que el elemento fundamental es la voluntad expresada de algún modo (declaración) y requiere a la concurrencia de ciertos requisitos tales como: agente capaz (discernimiento), objeto jurídicamente posible, fin lícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Además, en los actos jurídicos bilaterales o plurilaterales se requiere el consentimiento, es decir la confluencia de voluntades de todas las partes que lo celebran. Los tres primeros deben encontrarse en todo acto jurídico, mientras que la forma prescrita bajo sanción de nulidad es exigida solo para algunos actos. Ej: el matrimonio debe celebrarse conforme a los tramites establecidos en los artículos 248 al 268 del Código Civil; los testamentos deben otorgarse observando las formalidades señaladas en los artículos 699 y siguientes del Código Civil; el contrato de renta vitalicia debe celebrarse por escritura publica, bajo sanción de nulidad (articulo 1925 del Código Civil).



• Los elementos esenciales de carácter particular es decir, además de los cuatro requisitos de validez señalados por el articulo140º del código civil, deben concurrir los elementos esenciales exigidos por las normas para cada acto en particular. Estos elementos sirven para la constitución del acto jurídico en cada caso especial. Ej. para que exista compra-venta debe existir un bien que se transfiera en propiedad y un precio que se paga dinero (articulo 1529 del código civil) y si las partes han pactado algún otro elemento esencial para su validez fuera de los establecidos por la ley, éste debe concurrir para su eficacia (por ejemplo, que dicha compra-venta sea elevada a escritura pública).


1.2 Elementos Naturales (naturalia negotti): están en la naturaleza del acto pero no son de su esencia, por lo que sus efectos jurídicos (derechos y deberes que de ellos se derivan), en virtud a la autonomía de la voluntad, pueden ser disminuidos, incrementados o eliminados por la voluntad de las partes. Estos elementos derivan de la naturaleza del acto y que se sobreentienden de el, auque las partes hayan guardado silencio. Ej. en aquellos actos por los cuales se transfiere la propiedad, uso o posesión de un bien, transferente esta obligado a sanear por evicción, por vicios ocultos y por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien al fin para el cual fue adquirido o que disminuyan su validez (art. 1489 CC) o con los intereses en el mutuo (art. 1663).


1.3 Elementos accidentales (accidentalia negotio): son aquellas estipulaciones accesorias que se introducen en el acto jurídico en virtud al ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, siempre que no desvirtúen su esencia o naturaleza y no exista prohibición de la ley. Son también denominadas modalidades de los actos jurídicos y son incorporadas a través de cláusulas que sirven para limitar la plenitud de las obligaciones, ya sea haciendo insegura su existencia, sea postergando su exigibilidad a un momento ulterior, sea señalando un tiempo de vida al acto. Podemos encontrar varios ejemplos en los artículos 171 y siguientes código civil referido a la condición, el plazo y el modo a cargo. Se caracterizan porque una vez incorporados al acto jurídico, si se trata de una condición o plazo, la eficacia del acto les esta supeditada, al extremo que se convierten en requisitos para que el acto jurídico produzca sus efectos.


2. Requisitos De Validez Del Acto Jurídico.-

De acuerdo con el articulo 140 del código civil, al conceptualizar al acto jurídico, dicho precepto normativo también hace referencia a sus requisitos necesarios ( elementos esenciales de carácter general) que le son comunes, es decir, encontramos cinco requisitos de validez que fluyen de dicho texto, a saber:


2.1 La manifestación de la voluntad (art. 140 CC).-

La voluntad que se exprese para la realización del acto jurídico es la voluntad privada. El sujeto que emite la declaración de voluntad debe ser un sujeto de derecho privado. No será acto jurídico la manifestación de voluntad expresada por la ley o un reglamento ni será expresión de voluntad la norma que establezca un procedimiento. Tampoco se considera manifestación de voluntad la declaración de un hecho (Ej: un testimonio) o la declaración de voluntad de conocimientos (Ej: una asesoria legal o contable), debe ser necesariamente una voluntad destinada a crear relaciones jurídicas (derechos). Siendo asi, debemos distinguir a continuación cuales son las fases formativas de la voluntad privada y las formas de manifestación de la misma.

2.1.1.- Proceso de Formulación De La Voluntad.- la formulación de la voluntad, en general, es todo un proceso que importa la capacidad de elegir entre distintas alternativas de acción (fase interior) y exteriorizarlo actuando según la elección tomad (fase exterior). Analizaremos las fases formativas de este proceso:


a) Fase interior (Voluntad Interna o Real).- al respecto, Aguiar señala que el Derecho considera el aspecto interno como presupuesto de la manifestación de la voluntad, pues se requiere el primero sea causa de la segunda, de modo que haya conformidad entre alternativas de acción elegida y su manifestación, existiendo una relación de causa a efecto. Debe tenerse presente la premisa que los hechos se juzgan voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad.


• Discernimiento: es la aptitud o madurez mental que permite al sujeto distinguir lo que le conviene de aquello que no, de entre lo que considera bueno o malo, haciéndole actuar con prudencia, entendimiento y desarrolla su inteligencia. Este elemento procura al individuo la facultad de conocer, colocándolo en condición de formar un juicio de valor por medio del cual percibe y declara la diferencia entre varias alternativas, distinguiendo diversos actos (propios o ajenos). Es inherente a la racionalidad del ser humano y por eso es le presupuesto de su capacidad de ejercicio.

• Intención: es la determinación orientada a la consecución de una finalidad prevista por el sujeto, esto es, el propósito deliberado de celebrar el acto jurídico y producir sus efectos. Es complemento del discernimiento se considera intencional. Tal intención debe estar libre de cualquier malicia o propósito engañoso.

• Libertad: es la capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a los seres humanos actuar como deseen, realizando su acto sin coacción externa. En tal sentido debemos entenderla como una espontaneidad o libertad de resolución que debe existir para tomar la decisión de celebrar el acto.



b) Fase Exterior (Voluntad Jurìgena o Manifestación de voluntad).- aquella que consiste en dar a conocer, por cualquier medio que la exteriorice, la voluntad interna. Se trata de un comportamiento que recurre a distintas formas o medios de expresión (verbal, escrita, mímica, una conducta concreta, declaración, etc.) siempre que denote la voluntad del sujeto. Vidal Ramírez adopta uno posición doctrinaria al sostener que la manifestación de voluntad es esencia misma del acto jurídico y por eso la noción incorporada en el articulo 140 código civil lo conceptúa como una manifestación de voluntad. De este modo, la manifestación no es solo un requisito de validez sino que es el acto jurídico mismo. Pero, existe otra posición, propuesta por Cuadros Villena, quien sostiene que, si bien la manifestación de voluntad es la parte mas importante del acto jurídico, ésta no es la que crea, modifica o extingue derechos sino que le origen de estos efectos recae en los actos (hechos jurídicos voluntarios lícitos), es decir en las alteraciones de la realidad, causadas por la voluntad, las que generan efectos jurídicos.

Sin embargo, entre la voluntad interna y su manifestación puede presentarse divergencias, ya sea porque existe algún vicio de voluntad (sea porque el sujeto carece de discernimiento por ser un incapaz absoluto; o, si teniendo discernimiento, ha incurrido espontáneamente en error al formar su voluntad interna o al manifestarla, o ha sido dolosamente inducido a error, o porque ha sido coaccionado o violentado impidiéndosele que correlacione su voluntad interna con su manifestación), o si estamos frente a una simulación (si deliberadamente el sujeto no correlacione su voluntad interna con su manifestación porque lo que trata es de aparentar la celebración de un acto jurídico que no desea), de las cuales no ocuparemos en su momento. Asimismo, existen otras divergencias menores, que o tienen la relevancia de las anteriores y de las cuales nuestro código civil no se ocupa, tales como:


- Las manifestaciones de voluntad no serias o informales: son aquellas expresiones hechas en broma (Ej: prometer una donación el 31 de febrero) o de manera didáctica (Ej: cuando un docente, al proponer un concepto practico en clase ofrece a sus alumnos, y en primera persona, a cumplir determinadas prestaciones), o con fines teatrales (Ej: cuando un actor representa a una parte en un acto jurídico) o simplemente, por cortesía (Ej: cuando dice que “es tuyo” al referirse a un objeto que le es elogiado ) las cuales carecen de valor jurídico. León Barandiaràn estimó que estas manifestaciones sólo tiene una realidad aparente y carecen de toda base volitiva, pues es una nolicion, es decir, una expresión con significación pero sin subtrato decisivo alguno. Por su parte, Vidal Ramírez señala que, estas expresiones si irrogaran algún daño, queda planteada una cuestión de responsabilidad extracontractual, siendo aplicable el principio general el Art. 1969 del CC.



- Reserva Mental (intención oculta): según Messineo, es un hecho psíquico y conciente por el declarante quiere la declaración pero no su contenido. Ej: celebrar un contrato preparatorio sin querer celebrar el definitivo, o, al comprar un bien se piensa pagar el precio solo cuando aumente el nivel de ingresos del manifestante, o cuando se declara el consentimiento al matrimonio pero no se piensa en el cumplimiento de los deberes sino que se efectúa por la capacidad económica del otro contrayente. Si la reserva mental no se da a conocer y se constituye en intención no declarada, se irrelevante y manifestación de la voluntad surte efectos vinculatorios. Constituyen una conducta maliciosa que el derecho no reconoce ni ampara.


2.1.2. Formas de Exteriorización de la voluntad (arts. 141 y 141-A).-

Un criterio unánime en la doctrina es que para la celebración del acto jurídico, cualquier medio de expresión de la voluntad, es eficaz, salvo que la ley prescriba una forma. Es así, entonces que la manifestación, como medio de exteriorización de la voluntad interna, requiere, tan sólo, de un modo idóneo. No obstante, nuestro código civil regula las formas de manifestación de voluntad en los artículos 141 y 141 –A.

“Art. 141.- la manifestación de voluntad puede ser expresa o tacita. Es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la voluntad se infiere inbuditablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia.

No puede considerarse que existe manifestación tacita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario.”

“Art. 141- A en los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiere de firme, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo.

Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión integra para su ulterior consulta. ”
a) La Manifestación Expresa. – es aquella que se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo.

 En forma oral: consiste en las palabras emitidas por el interesado o su representante debiendo ser conocidas pro el destinatario. Ej: los contratos que se formalizan con intervención de un intermediario, como en las operaciones en la bolsa, o un anuncio que se encarga de trasmitir la voluntad del interesado, o aquellas que se exteriorizan a través de medios mecánicos o electrónicos, que sirven de vehiculo transmisor, como el teléfono.

 En forma escrita: aquella que se da a través de lo que escribe el interesado o su representante, sea que se materialice mediante la escritura de puño y letra, mediante el empleo de una maquina de escribir, o impresión, u otros medios mecánicos o electrónicos como el telégrafo, el telex, el fax o el correo electrónico, así como también mediante grabaciones en cassettes o videos.

 Aquellas realizada a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo: al respecto, y según la modificatoria de la ley Nº 27291, debemos entender como tales, entre otros, al lenguaje mímico (ceños, señas o gestos o como cualquier otro movimiento corporal), u otro medio mecánico, electrónico y otro análogo según la evolución de la ciencia y la tecnología en la transmisión de información. León Barandiaran grafica estos caos de la siguiente manera: “He aquí un ejemplo muy corriente de un contrato que se perfecciona generalmente sin palabras ni escrito, por la simple manera de proceder; un transeúnte detiene un taxi al paso alzando el brazo, abre la puerta e ingresa al vehiculo, diciendo simplemente el punto a donde quiere ir. El hecho de estar dedicado el conductor al servicio público que lo deseo, a cualquier punto dentro del radio de su demarcación, por le precio pactado en la tarifa; y la llamada del transeúnte equivale a la aceptación del pago de los derechos tarifarios por sus servicios. Lo mismo ocurre cuando un consumidor entra en una tienda, toma un articulo que tiene el precio marcado, pone el precio sobre el mostrador y se retira con el objeto”.

Vidal Ramírez señala que la manifestación expresa viene a ser la que comunica directamente la voluntad del agente, como cuando los contrayentes manifiestan su voluntad de contraer matrimonio en el acto de celebración (articulo 259 de CC); cuando el testador deja expresada su ultima voluntad (articulo 686 del CC); cuando le vendedor manifiesta su voluntad de enajenar y el comprador de adquirir el bien en propiedad (articulo 1529 del CC); o cuando el promitente formula su promesa mediante anuncio público (articulo 1959 del CC). En todos estos casos, cualquiera sea el medio empleado, el agente manifiesta su voluntad y la dirige directamente a quien debe recibirla, sea a personas ciertas y determinadas, como el otro contrayente, los llamados a suceder, al testador, el vendedor o el comprador, o a las otras personas indeterminadas que conforman al público al que se dirige la promesa.


b) La manifestación Tácita.- es aquella expresión volutiva que se infiere de actitudes o comportamientos, de lo que la doctrina llama conductas expresivas, y que, por, eso se constituyen en “facta concludentia” (hechos concluyentes) de las que toma conocimiento quien debió ser destinatario de una manifestación de voluntad, por lo que ha de ser compatible con la voluntad que se interpreta como emitida por le sujeto de quien se esperaba la manifestación. Ej: el testador que vende el bien sobre el cual había instituido el legado y que por esa facta concludentia, permite inferir que el acto de la enajenación revela la existencia de una voluntad revocatoria del legado; o cuando el representado celebra directamente el acto jurídico para el cual había designado a un representante, lo que también revela la existencia de una voluntad revocatoria de la representación anteriormente conferida; o el acreedor que otorga prorroga a su deudor sin el sentimiento del fiador, lo que revela la existencia de una voluntad de liberar al fiado. En estos casos la voluntad no ha sido dada a conocer directamente y sin embrago permite inferir al legatario la revocación de su legado, al primer representante la revocación de facultades y, al fiador, su liberación.

El segundo párrafo del articulo 141 del Código Civil refiere que “no puede considerarse que existe manifestación tacita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario”. Es necesario precisar, que no puede haber manifestación tacita cuando para la celebración del acto jurídico la ley exige declaración expresa, como ocurre con el matrimonió, para cuya celebración los contrayentes deben responder afirmativamente la pregunta que les formule el alcalde sobre si persisten en su voluntad de celebrarlo (articulo 259 del CC). Tampoco puede haber manifestación tacita cuando l agente ha formulado reserva, como cuando el arrendador conviene con el arrendatario en que éste solo podrá subarrendar con su asentimiento escrito (articulo 1692 del CC), ni menos puede haberla cuando el agente formula declaración en contrario, como cuando el arrendador prohíbe el subarriendo mediante cláusula especifica en el contrato de arrendamiento.


2.1.3. El Silencio Como Manifestación De Voluntad (Art. 142 CC).-


“Art. 142.- El silencio importa manifestación de voluntad, cuando la ley o el convenio le atribuye ese significado.”

El silencio, en un sentido lato, no es manifestación la voluntad, ni expresa ni tácitamente, esto es, no exteriorizarla. Consiste en una abstención en cuanto a dar a conocer la voluntad interna por cualquier medio, no siendo aplicable al silente el aforismo “el que calla, otorga” (quitacet consentire videtur) y, por tanto, no se puede considerar su silencio ni siquiera como una voluntad presunta.

En tal sentido, el texto del articulo 142 del Código Civil vigente concuerda con el concepto de silencio según el cual no puede constituir una manifestación de voluntad en ningún sentido, ya que el algo neutro y que carece de significación jurídico “per se”. El significado solo se lo puede atribuir la ley (a través de normas supletorias que así lo señalen taxativamente) o el convenio (con las hipótesis y consecuencias previamente estipuladas por las partes), en cuyo caso esta atribución de significado solo es posible ante una relación jurídica originada previamente por un acto jurídico en cuyo contenido las partes no han previsto todas las situaciones que podían derivarse, entre ellas, como el hecho que una de las partes deviniera en silente, por lo que convienen las consecuencias de su silencio o se remiten a las normas supletorias que permitan integrar los vacíos del contenido del acto jurídico. Ej: si habiendo celebrado un compromiso de contratar sin haberse fijado plazo para el contrato definitivo, el silencio de una o ambas partes tiene el significado que le atribuye el articulo 146 del CC.; y también el caso del deudor de varis obligaciones que al efectuar un pago no indica a cual debe hacerse la imputación, lo que hace aplicable el articulo 1259 del CC.


2.2. AGENTE CAPAZ.-


2.2.1. LA CAPACIDA.- CONCEPTO Y CLASES.-

El numeral 1 del Art. 140 del CC. Del 1984 parte del supuesto de que la manifestación de voluntad generadora del acto jurídico debe emanar de un agente capaz empleando la misma expresión que la del art. 1075 del CC derogado de 1936. Sin embrago, no encontramos el concepto de capacidad jurídica en la codificación civil actual, dejando a la doctrina – como fuente del derecho- a llenar este vació. Entenderemos por capacidad jurídica a aquel atributo de la personalidad, que consiste en la idoneidad de ser sujeto de derecho, es decir, ser titular de obligaciones y derechos. Facultades a las personas para la realización de actos jurídicos, siendo por tanto la capacidad uno de los elementos de validez de los mismos. Se distinguen dos clases:


a) Capacidad de goce (capacidad de derecho o capacidad genérica). Es inherente a la personalidad y se adquiere plenamente con el nacimiento y termina con la muerte. El concebido, a pesar de que el texto del Art.3 del CC no lo menciona expresamente, al ser considerado sujeto de derecho, goza de ella en forma limitada pues su condición no le permite ejercer los derechos que comprenden. No es absoluta sino relativa, pues el mismo artículo refiere a las excepciones expresamente señaladas en la ley. Ej: los impedimentos absolutamente de contraer matrimonio (Art. 420 CC), etc.


b) Capacidad de ejercicio: es la aptitud reconocida por la ley a la persona natural para ejercitar por si misma sus derechos. Según el Art. 42 del CC se adquiere a los 18 años de edad. Debe entenderse que a esa edad la persona puede tomar decisiones libremente, orientadas al adecuado ejercicio de sus derechos y manejo responsable de su patrimonio, habiendo adquirido psicológico, poder de reflexión y sentido de responsabilidad para ejercer por si mismo y sin necesidad de asistencia los derechos de que es capaz desde su nacimiento.


2.2.2.- LA CAPACIDAD JURIDICA.-

Como veremos, la capacidad jurídica emana de la ley y a ella le corresponde aplicarla o restringirla. Contrario sensu, la incapacidad es la carencia de la aptitud de ser titular de obligaciones y derechos por condiciones físicas, psíquicas o legales. La ley considera dos situaciones en que se restringe la capacidad de ejercicio, a lo que el código civil denomina como incapacidad, ya sean estas Absoluta o Relativa.


a) INCAPACIDAD ABSOLUTA (ART. 43 CC).- es una incapacidad plena y general por la cual las personas comprendidas en ellas no pueden ejercer por sí mismas derecho alguno de las que sean titulares. Por tanto, no pueden realizar por sí mismas ningún acto jurídico bajo sanción de nulidad (Art. 219 del CC) debiendo ejercer sus derechos a través de representantes. Son incapaces absolutos:

1. Los menores de 16 años, salvo para aquellos determinados por la ley. Este caso esta basado en la ausencia o falta de un discernimiento completo. Legalmente se presume que recién a los 18 años (antes de los 21), se complementa el desarrollo psicofísico de la persona. Ya dijimos que los actos practicados por incapaces absolutos son nulos, sin embargo, la misma ley civil les permite a los menores de 16 años ejercitar personalmente determinados actos jurídicos tales como los señalados en los numerales 530, 557 ,Inc. 4 del 378,407 y 614 del CC, entre otros.

2. Los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. Como señala Alberto Vásquez Ríos, “supone la permanencia del estado que priva al sujeto de discernimiento, no necesariamente debe tener un sustento orgánico, reflejado en una enfermada mental, sino que este estado puede ser ocasionado por cualquier causa que configure insana o alteración.”


3. Los sordomudos, ciegosordos y los ciegosmudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. El comentario implica que si estas personas pueden expresar su voluntad de alguno manera (gestos, mímica, etc.), no serán incapaces absolutos, sino relativos porque podrían coadyuvar al manejo de sus negocios. Además de los sordomudos, se incluyen otras figuras como la de los ciegosordos y los ciegomudos, al respecto, coincidimos con Vásquez Ríos al establecer que estas figuras no son mencionadas innecesariamente, por cuanto debido a su incapacidad absoluta deben de dar objeto de la mas amplía tutela jurídica.

c) INCAPACIDAD RELATIVA (Art. 44 CC).- se trata de personas que sólo han perdido o se encuentran privadas parcialmente de su capacidad civil de ejercicio y que pueden recuperarla posteriormente. Por tanto, en los casos en que la persona se encuentre parcialmente privada de su capacidad puede realizar por sí mismo algunos actos y otros aquellos para los que es incapaz debe realzarlos a través de representante. Los actos jurídicos celebrados directamente por incapaces relativos son anulables (Art. 221 del CC). Son incapaces relativos:

1. Los mayores de 16 y menores de 18 años de edad. Guevara Pezo señala que al considerar el código que los mayores de 16 años y menores de 18 son relativamente incapaces, asume que éstos tienen un nivel de madurez superior al de los menores de 16 años y les concede la condición de relativamente incapaces que los habilita para realizar actos diferentes, mejores o más calificados que los ejecutados por absolutamente incapaces. Si bien algunos de dichos actos jurídicos podrían ser objeto de anulabilidad, éstos pueden ser confirmados al llegar el menor de edad a los 18 años en los que adquiere la plena capacidad jurídica de ejercicio.

2. Los retardados mentales. Santos Briz si bien sostiene que deben distinguirse los conceptos de enfermedad mental y debilidad mental, expresa que ambas situaciones psíquicas implican una perturbación patológica de la actividad intelectual del sujeto cuando a causa de una enfermedad psíquica, de disposición anímica o de lesión en las células cerebrales, se halla perturbada de tal forma su capacidad de juicio o la formación de su voluntad que no pueden esperarse de él apreciaciones y enjuiciamientos normales. Carecen de la libre determinación de la voluntad, en el sentido de no comprender el significadote sus manifestaciones ni de obrar n consecuencia. Por ejemplo: aquellos quienes padecen el síndrome de down.

3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. La palabra deterioro proviene del latín “deteriorare” estropear y significa daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una persona. Conjunto de fenómenos mentales deficitarios debido, bien a la involución biológica propia de la vejez o bien a un trastornó (anterioesclerosis, parálisis general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.).

4. Los pródigos: según el Art. 584 del CC son quienes habitualmente dilapidan más de la tercera parte de los bienes de su porción disponible, teniendo cónyuge o heredero forzoso. Ej: el pródigo (igual que el mal gestor, el ebrio habitual y el toxicómano) no pueden litigar, ni practicar actos que no sean de mera administración de su patrimonio sin consentimiento expreso del curador. El Art. 464 del CC, el juez al instituir la cúratela puede también limitar la capacidad del interdicto en cuanto a determinados de administración.

5. Los que incurren en mala gestión: según el Art. 585 del CC. Son quienes demuestran ineptitud para manejar sus negocios, pierden por esta causa más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos, quedando al prudente arbitrio del juez apreciar la mala gestión. Se trata de una falta de eficiencia en los negocios que no puede confundirse con el “estado de falencia”, el cual incluso podría generar el estado de quiebra, librando después de todo a la voluntad de los acreedores.

6. Los ebrios habituales: debe entenderse por ello a quienes con adictos a las bebidas etílicas en forma habitual, es decir sufre un cuadro clínico de alcoholismo y por tanto requiere de asistencia. El Art. 586 del CC establece que será provisto de un curador quien por causa de su ebriedad habitual, o el uso de sustancias que puedan generar toxicomanía o de drogas alucinógenas, se exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, necesite asistencia permanente o amenace la seguridad ajena.

7. Los toxicómanos: reservando para quienes han desarrollado fármacos dependencia severa, es decir los que necesitan consumir alguna droga o sustancia alucinógena para aplacar la necesidad de la misma, con la cual expone a su familia a caer en la miseria.

8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil: esta capacidad se regula en los Art. 595 y 596 del CC y refiere a la situación legal del sentenciado a pena privativa de libertad (penitenciaria, internamiento, relegación), por la cual se dispone que ejecutoriamente la sentencia penal que conlleve la interdicción civil, el no lo hiciera, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan. El cónyuge y los parientes del interdicto pueden pedir el nombramiento de curador. El plazo de la interdicción dura el tiempo de la condena. El fundamento de la medida es la otra parte, el curador también queda obligado a cuidar de los bienes y los menores incapaces que se hallaran bajo la autoridad del interdicto, hasta que se les provea de su propio curador o tutor. Se le priva además del derecho a la patria potestad, de la representación material y de la disposición y administración de sus bienes.


2.2.3. PROCESO DE INTERDICCION CIVIL.

La interdicción civil es la situación reconocida judicialmente por la cual se restringe la capacidad de ejercicio a las personas incursas en cualquiera de los supuestos de incapacidad absoluta o relativa. Para ello, es necesaria una declaración judicial que así lo establezca, luego de seguir el proceso correspondiente, según el Art. 581 y ss. Del CPC. Esta acción de interdicción procede en los casos previstos por el Art. 43 incisos 2 y 3, y Art.44 incisos 2 al 8 del CC. En los casos no señalados, es decir, para los menores de dad, se establece legalmente que sus representantes son quienes ejercen la patria potestad. Según el CPC, en sus Arts. 21 y 546, la demanda se interpone ante el juez Civil del domicilio del incapaz, asimismo, señala quienes son los legitimados para poder iniciar la acción y cuales son los requisitos y anexos que deben acompañarse en cada caso, como medios probatorios.

En tal sentido, la demanda se dirige contra la persona cuya interdicción se pide, así como aquellas que teniendo derecho a solicitarla no lo hubieran hecho. El proceso se tramita en la vía sumarisima. La sentencia declara incapaz absoluto o relativo a la persona y nombra a si representante legal, según corresponda. Puede realizarse, también por este mismo procedimiento, la declaración de rehabilitación la misma que puede ser solicitada por el interdicto, su curador o quien afirme tener interés y legitimidad para obrar, debiéndose emplazar a los que intervinieron en el proceso de restablecimiento es completo; en caso. Solo procede la rehabilitación si el restablecimiento es completo; en caso de duda debe mantenerse la interdicción, no siendo necesario que sea definitivo, sino hasta la seguridad de que se mantenga estable, según resultado del informe medico correspondiente.

2.2.4. LA CAPACIDAD REQUERIDA PARA LA VALIDEZ DEL ACTO JURIDICO.-

Un sector de la doctrina manifiesta que sólo basta la capacidad de goce del agente, pues con esta capacidad el sujeto puede celebrar el acto jurídico por sí mismo o mediante representante. Otro sector señala que hay que distinguirla entre la capacidad de las personas naturales, en la que se requiere es la de ejercicio mientras que para las personas jurídicas sólo se exige la capacidad de ejercicio.
Somos de la posición que la capacidad requerida para la validez del acto jurídico esta referida tanto a la capacidad de goce como a la de ejercicio. Sin capacidad jurídica no puede haber acto, porque falta una voluntad idónea para crearlo. Cuando el inciso 1 del Art. 140 del CC indica como requisito la capacidad ni distingue entre capacidad de goce o ejercicio, es por ello que para dar formación a un acto jurídico solo se necesita que dicha manifestación responda a la voluntad interna del agente formada como consecuencia del discernimiento, la intención y la libertad sin la presencia de factores que perturben a la distorsionen y desvirtúen su carácter de determinación. La capacidad de goce es insustituible, desde que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la falta de capacidad de ejercicio puede ser suplicada por la representación. La incapacidad puede ser absoluta o relativa. En el primer caso, el acto es totalmente nulo, en el segundo caso el acto puede ser anulable. El CC, en los arts. 221, inc. 1 declara la nulidad, absoluta o relativa, por razón de incapacidad.

El art. 140 del CC. Se refiere sólo a que la manifestación de voluntad requiere de agente capaz pero no señala expresamente al consentimiento. Dar por supuesto tal atributo, sin el cual sería inconcebible la existencia del acto jurídico. Capacidad y consentimiento son conceptos correlativos, pero no confundibles. El consentimiento, en cuanto importa la voluntad con libertad de decisión, es la causa eficiente del mismo y para ello requiere también de un mínimo de voluntad razonable. El acto es nulo o anulable por capacidad de ejercicio absoluta o relativa, en razón de que reputa que no puede ser otorgado por el sujeto un consentimiento eficiente.

Respecto a la capacidad de goce de las personas jurídicas debemos distinguir si se trata de las personas jurídicas de derecho publico, por imperativo de la ley de su creación (art. 76 CC) o si estamos frente a una persona jurídica de derecho privado, desde su inscripción en el registro respectivo (aunque retrotraerse os efectos de la inscripción a los actos jurídicos celebrados según el Art. 77 CC). Su existencia una vez alcanzada les confiere personalidad y con ella se capacidad de goce limitada a su condición de entre abstracto y determinada por la finalidad para la cual a sido creada, según el acto constitutivo o la ley de su creación. Sobre su capacidad de ejercicio, un sector de la doctrina señala que pro ser entes abstractos no están dotadas de capacidad de ejercicio y su falta la suplen mediante la representación; mientras que otro sector se adhiere a la Teoría Orgánica por la cual las personas jurídicas si tienen voluntad propia la cual esta expresada mediante sus órganos que se forman por el acto constitutivo o los estatutos si es persona de derecho público.





2.3. OBJETO FISICA Y JURIDICAMENTE POSIBLE Y SU DETERMINABILIDAD.-


2.1. CONCEPTO Y ALCANCES.-

Si bien la voluntad debe ser manifestada por un sujeto capaz, para la validez del acto jurídico se requiere además de un objeto que, según el articulo 140 del CC debe ser física y jurídicamente posible y según el inciso 3 del articulo 219 del éste, en todo caos, debe ser determinable.

El objeto a que se refiere el inciso 2 del artículo 140 del CC debe entenderse en un sentido amplio. No es simplemente una cosa material, corporal o corpórea perceptible a nuestros sentidos (aunque en ciertos actos jurídicos consiste específicamente en un bien como un metal o dinero, una planta, una casa, etc.), sino que también puede comprender aspectos inmateriales o incorporales o incorpóreos según sea perceptible solo a nuestro intelecto (como los derechos subjetivos y deberes jurídicos u obligaciones que generan los actos jurídicos y que se integran a la relación jurídica que crea, regula, o modifica).

Al respecto, Vidal Ramírez señala que como el objeto es un requisito de validez de todo acto jurídico, su lata significación lo hace aplicable a todos los actos jurídicos, sean patrimoniales o extra patrimoniales, salvando la confusión en cuanto al objeto de éstos últimos, pues con los patrimoniales ha sido siempre fácilmente perceptibles (como las cosas materiales de compra venta) pero en los extrapatrinoniales el objeto consiste en la prestación cuya obligación nace de un acto jurídico. Ej: el objeto del matrimonio son los derechos y deberes inherentes a la relación conyugal (tales como la fidelidad, cohabitación y asistencia), el reconocimiento de hijo tiene por objeto determinar una relación paterno – filial (entre los que encontramos el ejercicio de la patria potestad y el deber de alimentos), el negocio social tiene por objeto crear un ente societario, etc. Se trata entonces de los bienes, relaciones, utilidades e intereses sobre los que recae la manifestación de voluntad.

Vidal Ramiez señala, asimismo,”que le objeto como elemento esencial del acto jurídico y trasuntado a los derechos y deberes jurídicos integrados a la relación jurídica es un requisito de validez de todo acto jurídico, dentro del cual, por la latitud de su concepto, quedan comprendidos los contratos…. El artículo 1942 del CC, cuando se refiere al objeto del contrato dice que consiste en “crear, regular, modificar y extinguir obligaciones”. Se infiere así, que según la acotada norma el objeto del contrato son las obligaciones pero omitiéndose el correlativo derecho subjetivo y soslayando a los que generan prestaciones recíprocas, en los que la concurrencia de derechos se da con toda nitidez ….. Como ya lo hemos expuesto, todo contrato es un acto jurídico, mas no todo acto jurídico es un contrato. De ahí que le articulo 1351, especificando la noción del acto jurídico contenida en el articulo 140, señala que “el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”, reconociendo la función normativa de la manifestación de voluntad y que el contrato, como especie del acto jurídico, la destina a la relación jurídico – contractual a la que se integran derechos y obligaciones.”


2.2 CARACTERISTICAS DEL OBJETO.-


a) Debe ser posible físicamente, es decir que debe existir, o tener la posibilidad fàctica de existencia, según las leyes de la naturaleza de los bienes materiales o de los derechos y deberes integrados a la relación jurídica que vincule a los sujetos, pues las cosas futuras pueden formar parte del objeto de una obligación. La posibilidad física en su factibilidad, es decir que el objeto pueda ser lograd. Ej: sobre un terreno en que aún no se a construido un departamento y cuya propiedad se transfiere mediante acto jurídico (contrato de compra venta) tiene posibilidad de existir a fin de que quien adquiere el derecho de propiedad sobre ella pueda usarlo, disfrutarlo, disponer de él y, aún, reivindicarlo (art. 923 CC), o el deber alimentario respecto del hijo reconocido y por nacer que debe estar refiere a uterinamente o nacer vivo. Respecto a la imposibilidad física, el código se refiere a la imposibilidad absoluta que hace al acto jurídico recaer en nulidad (inciso 3 del art. 219 del CC), pues la imposibilidad relativa se resuelve en daños y perjuicios.


b) Debe ser Posible Jurídicamente,es decir que le objeto del acto no debe, como contenido, referirse a algo opuesto a la moral, al orden público y a las buenas costumbres, ni ser, en general, repudiado por el derecho mismo, entendido este último como ordenamiento jurídico. De aquí que en la posibilidad del objeto va implícito a éste no puede consistir en nada que la ley prohíba. Vidal Ramírez señala que a esta característica se le puede confundir con la licitud o causa, sin embargo se trata de conceptos vinculados pero diferentes: la licitud es todo aquello que guarda conformidad con el ordenamiento legal y la posibilidad jurídica esta referido al ordenamiento jurídico, que es un concepto mas amplio y da cabida a la licitud. La licitud comprende el ordenamiento legal, mientras que el ordenamiento jurídico comprende, además, los principios generales del derecho que inspiran el orden público y que se integra con la costumbre, jurisprudencia y doctrina. El código sanciona con la nulidad el acto cuyo objeto fuese ilícito en el inc. 4 del art. 219 del CC, o aquel que la ley declarase nulo, en el inciso 7 del art. 219 del CC.

c) Debe ser Determinado o Determinable, su determinabilidad está referida a la posibilidad de identificación de los bienes, derechos y deberes u obligaciones así como a utilidades e intereses que constituyen el objeto del acto jurídico y que están integrados a la relación jurídica que une a los sujetos. Debemos distinguir:

 Es determinado cuando los derechos y deberes u obligaciones están identificados o determinados en el momento de la celebración del acto, como cuando se adquiere el derecho de propiedad con la obligación de pagar el precio pactado. Ej: obligaciones de dar un bien cierto (Art. 1132 del CC)

 Es determinable, cuando los derechos y deberes u obligaciones no están identificados o no están determinados en el momento de la celebración del acto jurídico, pero existe la posibilidad de identificarlos, es decir que por sus caracteres naturales o adquiridos, el objeto pueda ser identificado y, por consiguiente, se individualice. A estos casos son también aplicables las normas establecidas para las obligaciones de dar bienes inciertos, los cuáles deben indicarse, cuando menos, por especie y cantidad (art. 1142 y siguientes del CC). Ej: un bien puede ser cierto, como la entrega de un camión lleno de libros en virtud a un contrato de compraventa, pero la elección por parte del deudor o en virtud a un contrato de compraventa, pero la elección por parte del deudor o del acreedor, o de un tercero o del juez, dentro los plazos, de qué libros de todo un almacén y la cantidad exacta de éstos hace al objeto determinable.



d) Debe tener un a utilidad, al respecto, Cornejo dice que la ley no protege sino las obligaciones que son útiles al acreedor, cita como ejemplo la nulidad del contrato si la cosa vendida o asegurada ha perecido. Cuadros Villena sostiene que la utilidad puede ser:

 Objetiva, es decir que la obligación derivada del acto jurídico debe prestar beneficio y atender a las necesidades de los interesados.
 Individual, es decir que la utilidad debe reportar beneficio para ambas partes (tanto para el acreedor como para el deudor de la relación jurídica).
 Social, ya que pueden existir actos jurídicos útiles para las partes que atenten contra la utilidad social. El art. V del titulo preliminar del CC declara nulo el acto jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres. Hay que considerar nulos los contratos ilícitos o inmorales. Son inmorales los actos jurídicos contrarios a las buenas costumbres, establecidas de acuerdo con la costumbre y la opinión general. Las buenas costumbres repurgan tanto el acto inmoral en sí mismo, como aquel que ataca a la libertad de las personas.

2.4. FIN LÍCITO.-

2.4.1.- CONCEPTO Y CLASIFICACION.-

Todo acto tiene una finalidad o causa, respondiendo al principio de razón suficiente. Cuadros Villena lo conceptualiza como la intención que tiene la manifestación de la voluntad en la cual el agente ha de buscar, crear, modificar o extinguir derechos lícitos, que estén admitidos en el ordenamiento jurídico. Ej: si se pacta una sociedad para el delito, estaríamos ante un acto jurídico de fines ilícitos, y por tanto nulo.

La finalidad lícita, consiste en la orientación que se le de a la manifestación de la voluntad en relación a cada acto jurídico en particular, según se especie, y nominación. Así, en primer termino, hay actos jurídicos en los cuales la finalidad tiene carácter exttrapatrimonial; por ejemplo : el matrimonio(cuyo fin es vincular al varón y a la mujer en deberes de fidelidad, cohabitación y asistencia) o el reconocimiento de hijos (cuya finalidad es generar la relación paterno filial y conferir al reconocido el derecho al nombre, alimentos, herencia, etc.);sin embargo, tratándose de actos jurídicos que signifiquen un traslación patrimonial, es cuando la cuestión presenta su interés. Ej: en la compra - venta (la finalidad es la relación contractual y las prestaciones recíprocas que deben cumplir las partes así como los demás efectos que constituyen el propósito para el cual ha sido celebrado, además de los que son propios e inherentes a éste contrato según el CC).

Vidal Ramírez afirma, además, que si la finalidad del acto jurídico se vincula a la manifestación de voluntad, necesita también exteriorizarse, es decir, proponerse de manifiesto al momento de la celebración del mismo, debiendo existir identificación entre causa y motivo, pero sólo del motivo relevante para el derecho, desde que es manifestado y no de la motivación subjetiva o dato psicológico sin relevancia jurídica. Por tanto, la utilidad de la causa se presenta en la relación a la ilicitud de ella, mas que en la falsedad o ausencia de la misma distingue entre dos tipos de finalidad:

 Finalidad inicial: que es la motivación, lo querido por el sujeto. En este caso se trata de determinar el porqué de la obligación (lo que lleva a estudiar si hay razón fundada y cierta para ella), y el para qué de la obligación (propósito o finalidad que se pretende con la celebración del acto).
 Finalidad Terminal: que vendría a ser el propósito logrado, el resultado practico alcanzado. Así por ejemplo, si alguien compra un cuchillo para utilizarlo para cortar alimentos en un restaurante o si lo compra para causar la muerte de otra persona, el motivo de la adquisición del cuchillo es irrelevante jurídicamente, salvo que se ponga de manifiesto.

Por tanto, cuando el CC exige que la finalidad de sea licita, significa que el motivo determinante de la celebración del acto jurídico, aunque subjetivo, no sea contrario a las normas del orden público ni a las buenas costumbres a fin de que exteriorizado con la manifestación de la voluntad, los efectos queridos y producidos puedan tener el amparo del ordenamiento jurídico. Dicho en otras palabras, el concepto de fin licito en la doctrina peruana comprende tanto lo legal como lo moral, y queda a criterio del juez apreciar esta ultima, en el marco de las denominadas buenas costumbres, casos en los cuales el ordenamiento jurídico no podría, sin contradecirse a sí mismo, asegurar al acto su propia validez y eficacia; ya que se trata de impedir que un contrato dé vida a determinadas relaciones opuestas a las normas fundamentales del Estado, inclusive, existe fin ilícito cuando, respetándose aparentemente la forma del acto jurídico, se evidencia la intención de conseguir un efecto prohibido por la ley, como celebrar un contrato para hacer daño. Ej: cuando A vende un revolver a B, para que éste último cometa un homicidio contra C, y a tal efecto suscriben un contrato privado el día en que se realiza la transferencia del bien, la obligación de A para B tiene un objeto licito, sin embargo su finalidad es ilícita, pues ambos tienen como motivo común la comisión del delito por lo que el acto jurídico será nulo por la ilicitud de su finalidad.

2.5. OBSERVANCIA DE LA FORMA PRESCRITA POR LA LEY. –

2.5.1 CONCEPTO Y ALCANCES

La forma, según León Barandiarán, es esencial para el acto jurídico pues informa no caería dentro del ámbito de la vida jurídica. Por su parte, la forma, refiere Messineo, es la manera como se manifiesta la voluntad, es decir es el aspecto externo de la voluntad del agente capaz, y por lo tanto no pueden existir actos jurídicos sin forma ya que ésta sirve de continente a la manifestación de la voluntad por cualquier medio, o el modo, con el que se exterioriza, ya sea a través de declaraciones (manifestación expresa), o mediante comportamientos (manifestación tácita), y es la única que puede ser conocida por el destinatario, identificándose en cierta forma con la declaración de voluntad. Asimismo, Vidal Ramírez señala que, sin embargo, para algunos actos la ley prescribe una forma de necesaria observancia y la exige bajo sanción de nulidad. Por eso, no toda forma se constituye en requisito de validez sin tan solo en un medio de prueba de la existencia y contenido del acto.

El precepto establecido en el numeral 4 del Art. 140 del CC se refiere a que deberá tratarse de la forma señalada por la ley, sin que para subsanar el vicio, valga ninguna otra forma supletoria, es decir que cuando la ley exige una forma especial ésta resultará indispensable para que el acto exista jurídicamente y no podrá, de otra parte, usarse una forma que esté prohibida por la misma.



2.5.2 FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA FORMA (Arts. 143 y 144 del CC)

Si bien, según el Código Sustantivo vigente, pueden celebrarse actos jurídicos en formas sencillas como en la donación de un bien mueble cuyo valor no exceda al 25% de la UIT vigente al momento de celebración el contrato, el cual puede realizarse verbalmente (art.1623 del CC); pero también existen otros actos en los cuales se exige su realización en forma escrita como la constitución de la fianza (art. 1871), o mediante escritura pública como en la donación de un bien inmueble indicándose su individualización, su valor real y las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad (art.1625 del CC). Como señala Vidal Ramírez, la misma complejidad de las formas puede dar lugar a acto jurídicos que requieren de formalidades concomitantes que deben cumplirse en el momento de la celebración del acto jurídico como el testamento por escritura pública (art696 del CC) y el testamento cerrado (art. 699 del CC); y otros que requieren de formalidades previas y concomitantes a la celebración del acto, como en el matrimonio (art. 248 a 259 del CC); y otros requieren formalidades posteriores a la celebración del acto jurídico, como en el matrimonio celebrado por inminente peligro de muerte de uno de los contrayentes (art. 268 del CC). El autor señala, además, que la sencillez o complejidad de las formas pueden depender:

a) Del imperativo de la ley que las permite o impone según la trascendencia familiar, patrimonial o social que al acto se le atribuya o pudiera tener.
b) Por la voluntad de las partes cuando quieren darle certeza y seguridad al acto que celebran, evidenciándose la función fundamental de la forma como medio probatorio idóneo de la existencia y contenido del acto jurídico.

Es por ello que el legislador a reservado una regulación más específica en cuanto a la clasificación de la forma en el texto de los arts. 143 y 144 del CC, el cual se ocupa de la libertad de forma o consensualidad y de la forma ad solemnitatem y ad probationem, respectivamente. Ambos tienen relación con el numeral 4 del art 140 del CC, que en cuanto a la forma establece dos casos diferentes, pero vinculados conceptualmente.

a) Principio de la libertad de forma o consensualidad (Art. 143 del CC). Este principio se aplica a los actos jurídicos en los cuales, cuando la ley no designe una forma específica, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente para su celebración, es decir las partes pueden dar al acto jurídico la forma que deseen. Este principio se deduce de la división de los actos jurídicos en dos clases:

• Actos prescritos, son aquellos en que la forma es exigida o señalados por la ley.

• Actos no prescritos, son aquellos que dejan en libertad a las partes para escoger la forma que deseen les dé mayor seguridad para la validez de sus efectos. Al respecto, y en principio, debería ser suficiente la palabra de los interesados para consumar el acto, pero la palabra es susceptible de diversos interpretaciones y de olvido. Consiguientemente se ha venido a establecerla forma escrita como predominante pues retiene la manifestación de voluntad y las estipulaciones de las partes sin lugar a dudas, evidenciándose su rol como medio probatorio.

b) Principio de observancia de la forma prescrita por la ley: formas ad solemnitatem y ab probationen (art. 144 del CC). como se indica anteriormente la forma documental tiene la ventaja de facilitar la prueba tanto de la existencia del acto jurídico como del contenido de la manifestación de la voluntad, siendo ésta su función fundamental y configura en general a la forma AD PROBATIONEM. Pero, en algunos casos, la forma es consustancial al acto jurídico y el único modo de probar su existencia y contenido es el documento mismo. En estos casos la forma es AD SOLMNITATEM y no cumple sólo la función probatoria sino que viene a ser el documento mismo, que deviene, en el único y excluyente medio probatorio respecto al acto jurídico celebrado.

Vidal Ramírez señala que la distinción de la forma en ad solemnitatem y ad probationem es fundamental por cuanto el Código Civil dispone una u otra cuando prescribe forma para la celebración de un acto jurídico. Esta distinción se infiere del texto del art. 144 del CC mediante una interpretación literal para la forma ad probationem, al prescribir que “Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto”; mientras que, para la forma ad probationem, ésta aparece de una interpretación contrario sensu a cuyo efecto el mismo texto puede leerse de la siguiente manera “Cuando la ley impone una forma y sanciona con nulidad su inobservancia, no constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto”.

Cuadros Villena completa el análisis de esta distinción entre las formas prescritas por la ley, en general, pueden ser de dos clases:

1. Formas Solemnes o AD SOLMNITATEM, las cuales exigen para la validez del acto jurídico de dos elementos:

a) La realización de la forma
b) Que su omisión esté sancionada con nulidad. Se establece la forma solemne por diversas razones, pero fundamentalmente para dar seguridad a los actos jurídicos, tanto a los terceros, como a la sociedad, por la importancia social de ciertos actos, y fundamentalmente para probar fácilmente el contenido del acto jurídico.

La forma solemne más utilizada es la escritura pública, en la que interviene un notario que da fe al acto y convierte al documento privado en un instrumentó público, que produce fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario o funcionario que lo extendió y autorizó. Esto no quiere decir que no matrimonio en el que la ausencia de la forma establecida por la ley determina la nulidad del acto jurídico. Ej: El art. 274 del CC establece la nulidad del matrimonio celebrado con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 al 268.

2. Forma Simples o AD PROBATIONEM, aquella que se utiliza solamente para acreditar el acto jurídico y su contenido. En cuanto a ella, el art. 144 del CC establece que cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, esta forma solo constituye un medio de prueba de la existencia del acto jurídico. Quiere decir que la forma ad probationem puede ser establecida por la ley, es decir prescrita y puede asimismo ser acogida por los intereses. Cuando es prescrita por la ley y no sanciona con nulidad, la omisión de esta forma solamente debe determinarse como forma probatoria.

2.4.3 LA FORMA REQUERIDA PARA LA VALIDEZ DEL ACTO JURIDICO. –

En este punto, nos adherimos y trascribimos la posición de Vidal Ramírez al señalar que establecida la distinción que de la forma hace el código civil, la inferencia es que el requisito de validez exigido por el inciso 4 Art. 140 del CC es el de la forma prescrita con carácter ad solemnitatem, en cuanto precisa que, además de los requisitos enumerados, se requiere también de la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

Si se atiende a un supuesto necesariamente válido en cuanto a que no existe acto jurídico sin forma, pues esta es el aspecto exterior de la manifestación de la voluntad, su contenido, la conclusión, además, no puede ser otra que la de la forma prescrita por el inciso 4 del artículo 140 es una forma constitutiva, que no puede faltar, porque sin ella no existirá el acto jurídico y, en buena cuenta, es éste también el sentido y la función de la forma ad solemnitatem.

Toda forma no es, pues, requisito de validez, aunque si un elemento de existencia, ya que sin forma no existe acto jurídico alguno. Pero la forma a la que se refiere el inciso 4 del artículo 140 es una forma prescrita para un fin específico, como es el de dar concomitancia a la existencia y a la validez en determinados actos jurídicos, los cuales, por su trascendencia familiar, patrimonial o social la ley los hace actos solemnes o formalistas – este último adjetivo es propio del autor- y por eso la inobservancia de la forma la sanción con nulidad absoluta.

El legislador mediante normas de orden público se reserva los actos solemnes o formalistas y, en ellos, la prescripción de la forma va acompañada de la sanción de nulidad. Así el código Civil prescribe la forma cuando se trata del poder para la disposición o gravamen (Art. 156), para la opción de los futuros cónyuges por el régimen de separación de patrimonios (Art. 295), para la renuncia de la herencia (Art. 675), para la constitución de anticresis (Art. 1092), para la cesión de derechos (Art. 1207) y para la transacción (Art. 13049. en materia de sucesiones por el ejemplo, el art. 694 del CC no permite que el mudo utilice la escritura pública, pero si puede otorgar testamente cerrado o ológrafo, de de suerte que si el testamente fuese por escritura pública sería nulo, por haberse empleado una forma prohibida por la ley). Del mismo modo, en materia contractual, el art. 1352 del CC hace la misma reserva al preceptuar que “Los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad” y de conformidad con este precepto prescribe forma constitutiva para el suministro gratuito (Art. 1065), para la donación de bienes muebles de valor considerable (Art. 1624) y para la donación de bienes inmuebles (Art. 1625), para el mutuo entre cónyuges (Art. 1650), entre otros.




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